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HOY 6:00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
La Justicia ordenó preservar los registros de tierras rurales y Campana aparece entre los distritos relevados
La medida busca garantizar la conservación de la información reunida durante los últimos 15 años. Según el último registro oficial, Campana cuenta con el 50,27% de la superficie rural en manos de titulares extranjeros.
  • La Justicia ordenó preservar los registros de tierras rurales y Campana aparece entre los distritos relevados

    Campana, en el centro de la discusión por las tierras rurales bonaerenses

Una resolución judicial dispuso que el Gobierno nacional preserve los registros y antecedentes sobre tierras rurales bonaerenses recopilados durante los últimos 15 años, luego de la derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante el DNU 70/2023.
 
La medida fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El organismo había solicitado que se garantice la conservación de la información existente y que se informe hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos.

En ese marco, Campana figura entre los partidos bonaerenses mencionados por contar con una elevada proporción de superficie rural bajo titularidad extranjera. De acuerdo con la última actualización disponible del Registro Nacional de Tierras Rurales, correspondiente a agosto de 2025, el distrito registra el 50,27% de su superficie rural.

El dato forma parte de un registro que permite conocer la situación dominial de las tierras rurales y su evolución a lo largo del tiempo. Precisamente, uno de los principales objetivos de la medida judicial es evitar que se pierda esa información y garantizar que los antecedentes recopilados puedan seguir siendo consultados.
 
La resolución establece un plazo de cinco días para que el Ministerio de Justicia de la Nación informe hasta cuándo fueron actualizadas las bases de datos y asegure la conservación íntegra de los antecedentes registrales. La jueza, además, remitió posteriormente las actuaciones a la Justicia Federal por considerar que la cuestión de fondo involucra una norma nacional.

La decisión no suspende la derogación de la Ley de Tierras ni determina su constitucionalidad. Se trata de una medida destinada específicamente a preservar la información existente mientras continúa el trámite judicial.