En un comunicado, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su profunda preocupación por la situación de precariedad que atraviesan los prestadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y reclamó medidas urgentes para garantizar tanto la continuidad y calidad de la atención de los adultos mayores, como condiciones laborales dignas para los profesionales que integran su red prestacional.
En concreto, la institución manifestó su respaldo a los reclamos que sostienen médicos de cabecera y odontólogos a cargo de la atención diaria de los afiliados del PAMI los cuales, según señalaron, “enfrentan un escenario marcado por aranceles insuficientes, crecientes costos de funcionamiento y condiciones de trabajo que dificultan la continuidad de las prestaciones”.
En esta línea, se expresó que los valores actuales de las cápitas y honorarios no acompañan la evolución de los costos necesarios para sostener los consultorios, entre ellos alquileres, insumos, personal administrativo y servicios. En este sentido, señalaron que la falta de una recomposición adecuada pone en riesgo la permanencia de profesionales y, consecuentemente, la disponibilidad de atención médica de proximidad para jubilados y pensionados.
Según consideraron, “las dificultades para acceder a turnos, derivaciones, medicamentos, insumos y prestaciones, sumadas a los problemas que afectan a distintos efectores, representan un riesgo para una población que requiere especial continuidad y seguimiento de sus tratamientos”.
“El sistema de salud no puede sostenerse sobre la precarización de quienes lo integran. Cuando las condiciones para ejercer la medicina se deterioran, también se deteriora la calidad y la accesibilidad de la atención que reciben los pacientes”, se sentenció en el comunicado emitido.
Frente a este escenario, la institución reclamó una recomposición urgente de los aranceles y las cápitas, la cual permita cubrir los costos reales de las prestaciones y jerarquizar el trabajo de los profesionales; la normalización del funcionamiento de los efectores, con provisión adecuada de medicamentos, insumos e infraestructura; y la convocatoria a una mesa de diálogo con las autoridades del PAMI, los organismos nacionales competentes y las entidades médicas, destinada a abordar de manera integral los problemas que atraviesa el sistema.
“Defender la salud de los adultos mayores implica también defender la dignidad de quienes tienen a su cargo su atención. No puede existir un sistema sanitario sustentable si quienes sostienen cotidianamente las prestaciones deben hacerlo en condiciones de precarización”, reafirmaron desde el Consejo Superior.
