El Senado trata un proyecto de ley que elimina el límite del 15% a la venta de tierras rurales a extranjeros. Los riesgos críticos que implicaría: pérdida de soberanía territorial, concentración de recursos naturales estratégicos (agua, minerales, bosques) y desplazamiento de comunidades locales. Además, se compromete la capacidad del Estado para administrar su territorio de manera independiente. La amenaza de la extranjerización con el apoyo de los gobernadores aliados.

Un multimillonario británico llamado Joe Lewis compró 13 mil hectáreas en Río Negro que rodean el Lago Escondido, a 6 km de Chile. Lo hizo en 1996 y a través de una empresa con accionistas argentinos: la ley 15.385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 km de distancia de la frontera. El tipo se construyó una mansión con aeropuerto privado y custodia sus pagos con matones a caballo. Durante dos décadas luchó judicialmente para impedir que abrieran un acceso público al lago. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro le dio la razón: el criollo que pretenda acceder al lago, debe hacerlo por la montaña.

Lago Escondido, lamentablemente, no es el único caso de extranjerización de tierras en nuestra Patagonia: mapeos realizados por la UBA y el CONICET, revelan que casi el 5% del territorio nacional está en manos foráneas. Parece poco, pero hablamos de 130.000 km2. Toda Santa Fe o Grecia entera.

El proceso de extranjerización comenzó a inicios de siglo con el boom internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros. El Congreso sancionó la ley 26.737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras, en 2011. Un límite que el Gobierno buscará derogar en el Senado con el apoyo de los gobernadores.

La Ley de Tierras Rurales de Sturzenegger

El proyecto "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" impulsado por Sturzenegger, incluye varias modificaciones a la legislación vigente -como la flexibilización de las restricciones sobre el uso de terrenos incendiados, en la Ley de Manejo del Fuego, o trámites sumarísimos para desalojos express, en el Código Civil-, pero uno de los puntos clave los introduce en la ley de Tierras Rurales.

"La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería", aseguró Sturzenegger. En una jornada organizada por Confederaciones Rurales Argentinas, prometió que, de eliminarse los límites a la propiedad extranjera, ingresarían capitales por más de US$ 15.000 millones. Eliminar todas las restricciones a la propiedad extranjera, desbloquearía inversiones en todas las zonas productivas del país.

Debemos recordar que, apenas asumida su presidencia, Javier Milei publicó el DNU 70/2023 que incluyó, entre derogaciones, la eliminación de la ley 26.737. Pero la Justicia aceptó una medida cautelar presentada por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata que advertía que eliminar la ley "libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de aquellas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional".

El problema no era sólo la eliminación del tope del 15%, sino que barría con todas las restricciones existentes, incluso para los estados nacionales extranjeros. La ley de Tierras Rurales prohíbe también la adquisición de tierras ubicadas en zonas estratégicas o ubicadas en zonas de seguridad fronteriza. Y mantiene un control sobre la extranjerización de la tierra, ya que crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, que debe dar cuenta de la titularidad de todas las tierras provinciales. Milei pretendía eliminar todo. Más cipayo, imposible.

Suspendido el DNU por la Justicia, el Gobierno decidió avanzar con una ley que pone en riesgo la soberanía nacional y el acceso de las poblaciones locales a sus propios territorios.

"Si la ley de Tierras Rurales se modifica, el valor de la tierra se dispararía y haría muy difícil el acceso para productores que hacen circular el desarrollo local. Porque lo que hacen estas economías cuando llegan en forma de enclave extractivo es impedir que la población local haga uso de esos espacios", explica Julieta Caggiano, socióloga, becaria del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras.

El rol de los gobernadores

Al Gobierno no le fue fácil conseguir los votos para avanzar con la ley. Con el Adorni gate en boca de todos, los senadores del radicalismo y fuerzas provinciales aliadas endurecieron su postura y comenzaron a exigir cambios. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar varias modificaciones, eliminando incluso algunos artículos de la ley (como el que desmantelaba el régimen de integración socio urbana de barrios populares).

Luego de un mes de negociaciones, Bullrich llegó a un acuerdo con los senadores que terminó siendo clave para destrabar las resistencias: como con la Ley de Glaciares, serán los gobernadores quienes tendrán la última palabra para habilitar la compra de la tierra por parte de empresas extranjeras. Es decir, cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre su territorio, tal cual lo establece la Constitución Nacional.

"Si quiere la provincia poner límite o no poner límite a la venta de tierras lo decide la provincia. Federalismo puro y duro", explicó Bullrich, durante el debate en comisiones, dando un giro argumental de 180 grados. De promover el arribo de capitales extranjeros, a defender el federalismo. El Chacho Peñaloza, emocionado.

Desde el peronismo advierten que, gracias al apoyo de los gobernadores, el oficialismo obtendrá media sanción. Y que el lector no tenga dudas: pretenden habilitar la compra de tierras estratégicas a empresas como Palantir. Instalar grandes centros de procesamiento de datos a gran escala (big data), lo que consumiría millones de metros cúbicos de nuestra agua para sus sistemas de enfriamiento. Sistemas que funcionarán utilizando IA. Proyectos que dañan nuestro medio ambiente y no generan puestos de trabajo significativos.