Desde el Gobierno intentaron deslegitimar la marcha universitaria y borrar el sentido de los reclamos, pero la realidad que atraviesa el sistema de educación superior y la ciencia es apremiante. Con salarios que rozan la línea de pobreza y partidas congeladas para servicios básicos, la universidad pública ingresa en una parálisis virtual que fractura una de las pocas certezas de las clases medias y populares: el derecho de los jóvenes al ascenso social a través del conocimiento.

La Ley de Financiamiento Universitario fue promulgada en octubre de 2025 tras un proceso de insistencia legislativa frente al veto presidencial. Pero a pesar de su promulgación, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación alegando falta de previsión presupuestaria. Esto derivó en una acción judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo público que nuclea y coordina a las universidades nacionales y provinciales reconocidas en el país. La Justicia dictó una medida cautelar para que el Poder Ejecutivo cumpla con la recomposición de salarios y becas establecida en la ley, pero luego suspendió la ejecución de la medida.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín sostuvo que no puede arrogarse facultades propias del Congreso y del Poder Ejecutivo, como son la asignación y ejecución del presupuesto, ya que ello vulneraría el principio de división de poderes. Además, recordó que la Ley de Administración Financiera exige que toda norma que disponga gastos no previstos en el Presupuesto debe identificar sus fuentes de financiamiento, requisito que la Ley de Financiamiento Universitario no cumplía. Por último, los jueces consideraron que no se acreditó un riesgo inminente de paralización total de las universidades, condición necesaria para mantener una medida cautelar contra el Estado.

Sin embargo, desde el movimiento universitario alegan una “eutanasia institucional” y argumentan que el costo de no educar y no investigar es infinitamente superior al ahorro fiscal que se pretende lograr. Lo que está en peligro es un derecho fundamental para una sociedad, como lo es el de la educación de calidad. Argentina tiene una tradición universitaria particularmente sólida y reconocida en América Latina, tanto por la calidad académica de varias de sus instituciones como por su modelo histórico de educación superior pública, gratuita y de ingreso mayormente irrestricto.
Pero desde que asumió Milei la desinversión y el ajuste sobre partidas esenciales, desde los sueldos hasta las becas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), solo profundizan las restricciones que enfrenta un sistema que, pese a su relevancia estratégica, históricamente no recibió el respaldo acorde a su importancia.

Más del 80 por ciento del gasto que el Estado hace en universidades nacionales es para pago de salarios, y otra parte para cubrir los servicios básicos (luz, gas, limpieza, mantenimiento) y otros elementos. De modo que el ajuste del gasto en este sector no signi?ca otra cosa que un recorte salarial para los docentes, que en abril de 2026 cobraron 34,5 por ciento menos de lo que cobraban en noviembre de 2023. A precios constantes, un docente universitario cobraba en 2023 2,4 millones de pesos pero en abril de este año percibió 1,6 millones. Según las estimaciones del Instituto Argentina Grande (IAG), los docentes perdieron el equivalente a ocho sueldos en los poco más de dos años que va desde el cambio de gestión de Gobierno.

Desde la Universidad de Buenos Aires advierten que una parte mayoritaria de su plantel docente se encuentra por debajo o apenas por encima de la línea de pobreza, ya que sus ingresos no alcanzan a cubrir con holgura la Canasta Básica Total, que en marzo de 2026 ascendió a 1,4 millones de pesos. Incluso el salario más alto del escalafón docente, el de un profesor titular con dedicación exclusiva, ronda los 1,5 millones de pesos. En el resto de las categorías, las remuneraciones se ubican muy por debajo de ese nivel y, en varios casos, en valores cercanos al salario mínimo: un docente sin dedicación exclusiva percibe 388.000 pesos, un profesor adjunto 346.000 y un asociado 303.000 pesos.

También existen diversas estimaciones acerca del costo fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario, que oscilan entre los 2,5 y 3,6 billones de pesos según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El Poder Ejecutivo -además de los argumentos jurídicos- manifestó su inquietud por el costo fiscal que supondría cumplir con la ley y el impacto que tendría en el equilibrio de las cuentas públicas, pero el simultáneo sancionó medidas, como la modificación en el impuesto a los Bienes Personales, que suponen una merma recaudatoria estimada en torno al 0,2 por ciento del PIB anual en 2024 y 2025, equivalente a valores actuales a 5 billones de pesos en dos años.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por su parte, estimó que el impacto fiscal total de la ley se ubica en 0,14 por ciento del PIB. De los cuales la parte mayoritaria corresponde a la recomposición salarial, y 0,04 por ciento a la actualización de los gastos de funcionamiento.
Figuras como Alberto Kornblihtt, Doctor en Ciencias Químicas y biólogo molecular argentino, vienen advirtiendo sobre la irreversibilidad del daño científico que provocan las decisiones del gobierno de Javier Milei. Analizan que la “fuga de cerebros” es definitiva, que cada vez más investigadores jóvenes se van del país y eso implica que se desarmen grupos de trabajo y estudio, que no se “apagan y prenden” de inmediato o por decreto. También analizan a la ciencia como soberanía, argumentando que sin financiamiento, Argentina renuncia a su capacidad de resolver problemas propios (salud, energía, agro) y pasa a ser un mero comprador de tecnología extranjera.

Otros referentes advierten sobre el peligro de ruptura del ascenso social. Sostienen que la universidad pública es la herramienta más eficaz de movilidad social en Argentina. Al desfinanciarla, el Gobierno no "ahorra", sino que clausura el futuro de los sectores populares y las clases medias. Asimismo, recuerdan que el sector privado se nutre de los profesionales formados por el Estado. Ajustar en educación es, a largo plazo, restarle competitividad a todo el sistema productivo argentino.