Para los vecinos de nuestra ciudad que siguen con atención el panorama político nacional, una noticia de gran impacto se confirmó en los últimos días. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron una sentencia previa que frenaba el artículo central del megadecreto oficial, dejando sin efecto las restricciones a la compra de suelo argentino por parte de capitales internacionales.

La decisión no abordó el fondo del asunto ni la constitucionalidad de la medida impulsada por el Gobierno, sino que se basó estrictamente en un aspecto técnico. Los magistrados determinaron que la asociación civil que inició la causa carecía de legitimación activa para impulsar este reclamo, argumentando que la soberanía territorial es una atribución exclusiva del Estado.

Previamente a este giro en los tribunales, la normativa nacional fijaba un máximo del quince por ciento de titularidad foránea sobre los terrenos a nivel nacional, provincial y municipal. Asimismo, limitaba a un mismo dueño de otra nacionalidad a poseer hasta mil hectáreas en las zonas más productivas y prohibía expresamente adquirir inmuebles con cuerpos de agua relevantes o ubicados en áreas limítrofes de seguridad.

Frente a este escenario, los especialistas analizaron rápidamente la maniobra judicial. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez describió la postura de los magistrados como una trampa formalista, señalando que la exigencia de demostrar una afectación directa sobre un derecho individual resulta imposible para cualquier ciudadano común ante la eliminación general de esta clase de leyes.

Ahora toda la atención ciudadana e institucional se traslada al Congreso de la Nación, ámbito natural donde la política deberá resolver la cuestión definitiva. Mientras la Cámara Alta ya rechazó esta iniciativa ejecutiva en el mes de marzo, si los diputados toman la misma determinación en la sesión pedida para mediados de octubre, la disposición quedaría completamente anulada hacia el futuro.