Impericia y sobrecostos en energía

La cima del poder energético expone una alarmante fisura de coordinación tras conocerse la estrategia de ENARSA en la subasta de junio. La firma estatal convalidó un costo de regasificación de 5,16 dólares por millón de BTU, apenas veinte días después de haber asegurado ante la Secretaría de Energía que el valor estructural era de 3,50 dólares. Esta drástica voltereta contable encendió las alarmas en el Ministerio de Economía y generó sospechas de impericia y perjuicio fiscal, dado que el argumento original de los 3,50 dólares se había utilizado para rechazar a un agregador privado que cobraba una tarifa menor. Al forzar esta compulsa a ciegas, se terminó encareciendo la energía para el sector corporativo en pleno invierno.

La parálisis por la escasez del recurso ya es una realidad material que golpea al corazón productivo del país, con unas 130 fábricas que sufren restricciones de suministro en Córdoba, el Litoral y el NOA. El conflicto escaló a una fase crítica debido a que las distribuidoras comenzaron a cortar el fluido no solo a los contratos interrumpibles, sino también a las firmas con contratos firmes que pagan tarifas más altas. Desde la Unión Industrial de Córdoba sepultaron el relato de la previsibilidad energética y advirtieron sobre la improvisación diaria, mientras la mesa chica de la UIA le propuso en vano al Palacio de Hacienda abonar el total del costo del fluido si el Estado absorbía el efecto de la guerra en Oriente Medio. Las demoras en la infraestructura física y la postergación de obras clave como el gasoducto Tratayén-La Carlota terminan desnudando que el promocionado superávit actual se sostiene sobre una fuerte recesión manufacturera.

Ante el riesgo de un colapso generalizado, las empresas públicas salieron al rescate del entramado socioeconómico. Refinor, controlada por YPF, implementará un plan de emergencia dejando de procesar gas licuado de petróleo en Salta para liberar unos 500.000 metros cúbicos diarios de gas natural destinados a las industrias locales y azucareras. En paralelo, el sector de Vaca Muerta celebró un espaldarazo macroeconómico luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara una histórica demanda ambiental por falta de pruebas, dotando de previsibilidad a las firmas que buscan financiamiento internacional bajo el paraguas del RIGI. Finalmente, en el plano eléctrico, la licitación AlmaSADI cerró con un éxito rotundo al recibirse ofertas que superaron doce veces el objetivo inicial para instalar centrales de almacenamiento con baterías en dieciocho provincias.


Fuente: CEPA - Centro de economía política Argentina.