En la tarde del miércoles, un importante despliegue policial tuvo lugar en la calle Sivori. Efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Campana, trabajando de manera conjunta con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda de la zona. Esta medida judicial fue dispuesta de manera urgente a raíz de una denuncia radicada tras la aparición de una amenaza escrita en el baño de una escuela secundaria de nuestra ciudad.

Las tareas investigativas previas permitieron identificar rápidamente al joven autor de la pintada intimidatoria, lo que derivó en la orden de registro de su domicilio particular. Si bien las fuentes oficiales indicaron que, en principio, no se habrían secuestrado armas ni otros elementos de peligrosidad durante el procedimiento, la Justicia de Menores tomó firme intervención en el caso y procedió a imputar formalmente al adolescente por el hecho cometido.

Este episodio puntual no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de creciente alerta para toda la comunidad educativa de Campana y la región. En las últimas semanas, se ha registrado una ola de amenazas que cobró un triste impulso luego del trágico tiroteo ocurrido en la provincia de Santa Fe. Ante esta alarmante situación, las instituciones locales se vieron obligadas a activar de inmediato sus protocolos preventivos de seguridad, implementando medidas excepcionales como la restricción del ingreso con mochilas en el nivel secundario y un refuerzo considerable de la vigilancia en todos los espacios comunes, priorizando siempre el cuidado del alumnado y del personal docente.

La generación de pánico y la amenaza al orden público están muy lejos de constituir una simple travesura adolescente o un reto digital; conforman un delito con todas las letras. Por este motivo, la Justicia ha comenzado a actuar con celeridad y rigor, impulsando allanamientos y abriendo causas penales que recaen directamente sobre la responsabilidad de los padres de los menores, quienes además se exponen a tener que afrontar multas millonarias para cubrir los altos costos de los operativos de seguridad desplegados en vano.