La diputada bonaerense de Unión por la Patria autora de proyecto de ley para cambiar la forma de calcular las indemnizaciones, Soledad Alonso, salió a rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y al mismo tiempo cruzó a los legisladores nacionales del peronismo que, por orden de sus Gobernadores, votaron a favor de la normativa redactada por Casa Rosada.

En diálogo con el medio Diputados Bonaerenses, Soledad Alonso se hizo eco del nuevo cálculo de indemnización por despido, que será más bajo que el anterior debido a que ahora no se computarán gastos extras como aguinaldo, vacaciones, bonos y otros conceptos que no sean del pago mensual habitual. En este sentido, la legisladora de Unión por la Patria alertó que esta nueva fórmula también contempla a los contratos firmados antes de la sanción de la reforma laboral.

“Si la nueva ley reduce indemnizaciones, elimina multas o cambia la forma de cálculo, esos cambios impactan directamente en los trabajadores que sean despedidos después de su entrada en vigencia. No es una discusión técnica ni académica. Es una decisión política que redefine cuánto respaldo tiene un trabajador cuando se queda sin empleo. Y en medio de una crisis económica y caída del trabajo formal, avanzar en abaratar el despido es trasladar el costo del ajuste a las familias”, dispuso Alonso.

En rigor, con la reforma laboral las empresas ahora podrán abonar las condenas judiciales en cuotas mensuales consecutivas: para las pymes son 12 pagos mientras que las grandes firmas lo harán en 6. Además, el monto de la indemnización por despido no podrá ni superar tres veces el salario promedio ni ser inferior a un mes de sueldo. A eso, se le suma que el despedido no podrá reclamar una vez cobrada esa indemnización, salvo que se trate de un delito penal. “Cuando alguien pierde su trabajo está en un estado de vulnerabilidad absoluta, más aún en este contexto de caída del empleo y creciente incertidumbre. La posibilidad de reclamar judicialmente al trabajador que ve a su familia pasar hambre, que no ve posibilidad de volver al mercado formal, que se queda sin obra social y no puede continuar con sus tratamientos, de nada le sirve. Esto es condenarlo a aceptar migajas en lugar de lo que por derecho le corresponde”, lamentó Alonso.

Uno de los puntos más resonantes de las nuevas indemnizaciones es la creación del Fondo de Asistencial Laboral (FAL), un eje muy resistido en un primer momento pero que, finalmente, fue aprobado en la votación en particular. El flamante sistema, que se debe negociar en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, apunta a asistir financieramente a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de las indemnizaciones y se conformará con las retenciones del ANSES: el 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes.

El FAL establece que se financiará con “una contribución mensual obligatoria del 3 % de las remuneraciones”, pero al mismo tiempo menciona que “los empleadores tendrán una reducción de 3 puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”. Según mencionó el extitular de Aduanas y actual diputado del peronismo, Guillermo Michel, el nuevo sistema no aumenta el costo laboral de las empleados pero sí desfinancia el sistema previsional argentino por un total de USD 3.000 millones anuales.

A contramano de la naturaleza de esta reforma laboral, en 2024 Alonso y la diputada camporista Maite Alvado presentaron una ley para modificar la tasa de interés aplicable a las sentencias judiciales en materia laboral, con el objetivo de que, al momento de que los trabajadores cobren la indemnización, el monto no quede pulverizado por la inflación, ya que este tipo de juicios suele resolver con 4 a 5 años de tardanza. El punto clave de esta normativa radicaba en reemplazar la tasa activa con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) reglamentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), más una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el pago efectivo.

Si bien había recibido media sanción en Diputados, finalmente nunca fue tratado por el Senado debido a la resistencia de la oposición, que esgrimió que cambiar el cálculo iba a llevar a la quiebra a los empleadores. Alonso cuestionó a los diputados del peronismo que acompañaron la reforma laboral Para aprobarse la reforma laboral, Milei necesitó de los diputados nacionales que responden a los gobernadores peronistas dialoguistas, principalmente a Gustavo Saenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones), ya sea para sentarse a dar quórum o para directamente votar a favor de la normativa.

En esta línea, la legisladora bonaerense Soledad Alonso advirtió que la reforma laboral “no cayó del cielo”, sino que fue gracias a los diputados que dieron el quórum que se permitió que la normativa llegue a ser debatida en el recinto. “No alcanza con votar en contra si primero se garantiza que el proyecto se trate”, fustigó. “Más grave aún es que legisladores que se dicen peronistas hayan dado número para habilitar una reforma que recorta derechos laborales. El peronismo nació para ampliar derechos, no para facilitar su retroceso. Cuando se baja el piso de protección frente al despido, no hay neutralidad posible. Cada banca asumió una posición. Y la sociedad tiene derecho a saber quiénes eligieron estar de cada lado”, sentenció Alonso.