Según el bloque de concejales de Fuerza Patria, una fuerte reacción social se desató el martes pasado luego de que el Municipio difundiera una gacetilla oficial instando a los vecinos a denunciar, a través del sistema “Alerta Campana”, la presencia de menores que estuvieran pidiendo dinero o vendiendo en la vía pública.

En conferencia de prensa, Gisella Maidana (consejera escolar), los concejales Julieta Ramírez, Leonardo Midón y Carina Torres; además Lucía Carpano (Integrante de la Comisión de Género y Derechos Humanos del Colegio de Abogados) y Patricia Costela (presidente del Colegio de Psicólogos); advirtieron que la publicación generó un inmediato rechazo por parte de organizaciones sociales y vecinos y calificaron de estigmatizante y como una señal de abandono de las responsabilidades estatales en materia de niñez. Horas después, el comunicado fue retirado.

El eje de la crítica estuvo puesto en la herramienta elegida para canalizar la situación. “Alerta Campana” es un sistema vinculado a la seguridad y a la intervención policial, no a dispositivos de asistencia social. Para referentes locales, recurrir a ese mecanismo para abordar casos de vulnerabilidad infantil implica una mirada inadecuada y punitiva frente a problemáticas que requieren acompañamiento integral y protección de derechos.

Los cuestionamientos también se enmarcaron en el contexto político nacional, atravesado por debates sobre la baja de la edad de imputabilidad y discursos de “mano dura” impulsados por sectores alineados con el presidente Javier Milei. En ese escenario, los oradores señalaron que la iniciativa local reproduce esa lógica y la vincularon políticamente con el intendente Sebastián Abella.

Además del repudio, exigieron la reactivación de espacios institucionales como el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que según denunciaron, se encuentra desarticulado. Plantearon que el Estado municipal debe garantizar políticas públicas integrales, generar empleo para las familias y fortalecer redes de contención, en lugar de criminalizar la pobreza.

“Ver a un niño pidiendo en la calle no es un delito, es una tragedia colectiva”, remarcaron los referentes durante las intervenciones públicas. En esa línea, insistieron en que la respuesta debe ser social y no represiva, y reclamaron que el Municipio asuma un rol activo en la restitución de derechos vulnerados.