El Gobierno de Javier Milei avanzó en una nueva etapa de desregulación económica al modificar aspectos clave de la Ley 26.020, que regula el fraccionamiento, envasado y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP), más conocido como gas envasado o en garrafas.

Con la publicación del Decreto 446/2025 en el Boletín Oficial, el Estado dejará de intervenir en cuestiones vinculadas a precios, oferta y demanda, y limitará su rol a la fiscalización del cumplimiento de parámetros de seguridad en las instalaciones y operaciones del sector.

Según el texto oficial, el nuevo esquema se basa en el principio de que “el funcionamiento libre y competitivo del mercado constituye el mecanismo más eficiente para asignar recursos y promover el desarrollo del sector”.

Entre los cambios más significativos, se habilita la instalación de nuevas plantas o la ampliación de las ya existentes sin necesidad de trámites adicionales, más allá del cumplimiento de la ley y su reglamentación. La Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación y estará a cargo de realizar inspecciones y revisiones con fines exclusivamente sanitarios y de seguridad, sin intervenir en la dinámica comercial.

El decreto también flexibiliza el sistema de fraccionamiento y envasado. A partir de ahora, los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador, incluso de más de una marca, y acordar bilateralmente el uso de envases que no lleven su marca o leyenda.

Además, se establece la obligación de recibir envases vacíos, ya sean propios o de terceros, por parte de todos los actores de la cadena comercial. Cada llenado deberá quedar registrado mediante una etiqueta con los datos de la planta envasadora.

Finalmente, se promoverá la integración de un parque común de envases, constituido por el aporte de las distintas firmas fraccionadoras, con cantidades a definir voluntariamente entre las partes.

Con esta medida, el Ejecutivo continúa profundizando su política de desregulación y libre competencia, también en sectores sensibles como el energético, en un contexto de subas sostenidas de tarifas y alto impacto en los sectores más vulnerables.