El nombre de Salvador Zubirán Rabay comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios de comunicación tras la denuncia pública de Priscila Sand, una joven de Campana, que denunció haber estado secuestrada por él durante casi dos años en México. Desde entonces, otros testimonios como el de la actriz argentina Laura Vignati, se sumaron para señalarlo como autor de un patrón de violencia reiterado, grave y sistemático contra mujeres.

Las denuncias que pesan sobre Zubirán Rabay no son menores: se lo acusa de secuestro, violencia física, psicológica, económica, amenazas y manipulación de denuncias. Priscila relató que fue aislada, forzada a medicarse, obligada a tatuarse su nombre, y vigilada constantemente por cámaras, sensores y hasta nueve escoltas. “La casa donde vivía estaba llena de dispositivos de control, todos estaban armados", narró la joven, que logró escapar con ayuda de una amiga y presentó su denuncia ante la fiscalía.

Laura Vignati, por su parte, afirmó también haber sido víctima del mismo agresor y aseguró que “desde los 16 años tuvo su primera denuncia por violación”, sumando que “la justicia de México lo sigue protegiendo”. Según ambas mujeres, su entorno familiar tenía conocimiento de las violencias y hasta fue testigo de episodios extremos.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, las pruebas presentadas y la exposición pública del caso, Salvador Zubirán Rabay continúa en libertad. La inacción judicial no solo revictimiza a quienes denunciaron, sino que las expone a mayores peligros, como ya lo manifestó Priscila: desde su huida, ella y su familia han recibido amenazas, y hoy vive escondida junto a su bebé de nueve meses.

El perfil que se construye del denunciado es el de un hombre poderoso, manipulador y violento, con recursos para ejercer un control absoluto sobre sus víctimas, incluso con apoyo o silencio cómplice de terceros. Un agresor con antecedentes, múltiples denuncias y una capacidad de intimidación que hasta ahora ha logrado evitar la acción de la justicia.