Lo que debía ser un encierro terminó funcionando como un centro de operaciones. Desde una celda en la Unidad 57 de Campana, Brandon Brites, detenido por otros hechos, seguía manejando robos violentos, utilizando un teléfono celular con el que se comunicaba a diario con miembros de su organización.

En los últimos días, la policía bonaerense detuvo a Sofía Gómez, de 22 años, acusada de cumplir el rol de cobradora dentro de la banda. Era ella quien se movía por distintas zonas del conurbano para recolectar parte del dinero robado, siempre siguiendo las instrucciones que llegaban desde la cárcel.

Los investigadores llegaron a estos movimientos tras intervenir comunicaciones dentro del penal campanense. En los mensajes recuperados, Brites le indicaba a Gómez puntos de encuentro y montos exactos. En una de las conversaciones, él mismo admite haber recibido “1400 dólares” en lugar de los 1500 esperados, porque un familiar “se quedó con una parte”. También dialogaban sobre los billetes, incluso refiriéndose a si eran “cara chica” o “cara grande”.

La conexión entre ambos los vincula directamente con un robo ocurrido en Acassuso, a principios de marzo, donde las víctimas fueron el exjuez federal Guillermo Rivarola y su esposa. Allí, la banda se alzó con u$s19.000, armas, joyas y otros objetos de valor, en un asalto planificado con precisión quirúrgica desde el penal, usando mapas satelitales y redes sociales.

El fiscal general adjunto Patricio Ferrari, a cargo de la causa, sostiene que Brites seguía funcionando como autor intelectual de los robos, coordinando cada detalle desde la comodidad de su celda. En uno de los allanamientos realizados en el penal, se secuestró el celular que utilizaba y que ahora es una pieza clave en la causa.

Mientras la investigación avanza y se suman nuevas detenciones, la Unidad 57 de Campana queda nuevamente en el centro del debate sobre el uso de celulares dentro de las cárceles y los límites del control penitenciario.