La Corte Suprema de Justicia de la Nación, terminó dictaminando sobre la carencia política del gobierno de Macri para acomodar una de las variables del grave problema energético que sufre el país. La tarifa del gas de red.

La tarifa del gas de red tiene 3 componentes, el valor del gas en boca de pozo o sea la extracción (60% del valor) y el transporte mayorista y la distribución (el 40% del mismo), a lo que habría que agregarle un 4to componente, la carga tributaria (impuestos), que sobre aquellos aplica el estado (superior al 40%). En lo que respecta a los usuarios conectados a la red, se agrupan en dos grandes sectores, los domiciliarios (la gran mayoría, pero con un consumo del 26%) y el comercio, la industria y generadoras eléctricas (los menos, pero con el 74% del consumo).

Para ubicarnos en las causas de la problemática planteada por el llamado tarifazo de Macri, debemos aclarar que la matriz energética de la argentina es predominantemente dependiente del gas, recurso que impregna nuestro subsuelo, pero que por la mala política energética del último gobierno, no solo se perdió el autoabastecimiento y la exportación a países limítrofes, sino que se terminó importando gas de nuestros vecinos y comprando al mundo barcos de gas licuado, originando un profundo déficit fiscal energético imposible de soportar en el tiempo, mientras se subsidiaba un consumo que retrasaba su precio, con aportes millonarios a las empresas involucradas en el negocio. Un verdadero descalabro energético, que el gobierno de Macri heredó, pero que no supo hasta ahora como solucionar, quedando la sensación que el camino elegido fue hacerlo con un fenomenal ajuste tarifario.

Alertado por los especialistas, por sectores de la oposición, por aliados de la coalición de gobierno, por los usuarios y sus organizaciones y por más de 50 fallos judiciales, el Presidente avanzó temerario en su intento de hacerle pagar exclusivamente a los usuarios lo errores políticos del gobierno anterior e infligiendo desequilibrios sociales injustos y peligrosos. La Corte, a pesar de las operaciones mediáticas y del gobierno, falló prácticamente igual que los tribunales inferiores, “frenando de manera unánime el aumento a los consumidores domiciliarios” e incluso yendo más allá, “dejando el mensaje que la justicia no estaría dispuesta a acompañar, sin poner fuertes reparos, el modelo economicista propuesto por Macri”.

La Falla es del Presidente. Porque no tiene plan energético y no propone una política de estado en la materia. Por pretender resolver el grave problema energético heredado, solo a través de la variable tarifaria. Por la falta de razonabilidad en aplicar el ajuste de las tarifas, con porcentajes casi confiscatorios sobre los ingresos del usuario domiciliario medio y bajo y de comercios y pymes. Por no aplicar la gradualidad adecuada a los hábitos de consumo y a los porcentajes de los aumentos. Por la Falta de una evaluación correcta del impacto social que causaría en los distintos grupos de usuarios. Y por privar a los domiciliarios del llamado a las audiencias públicas de ley, argumentando un aumento a cuenta de una futura recomposición tarifaria.

El Fallo de la Corte rechaza el argumento del aumento a cuenta y obliga a las audiencias previas de ley. Avanza incluso sobre el valor del gas en boca de pozo, obligando también al gobierno a realizar audiencias previas o dejar de intervenir en la fijación de dicho precio. Reafirma los conceptos de gradualidad y razonabilidad en función de un necesario equilibrio social. Anula el aumento para consumos domiciliarios. No así para comercios, industrias y generadoras eléctricas, por considerar que no estaban incluidas mayoritariamente en el reclamo, pero deja abierta la vía del amparo para que vayan a la justicia en busca de protección.

En definitiva, la controversia planteada en el área energética permanece abierta, creando incertidumbre social y económica interna y oscureciendo el panorama de inversores externos que miraban curiosos la perspectiva de participar en el reparto de la renta petrolera. Está en el Presidente repensar las soluciones viables para el problema energético y su necesidad de inversiones. La gente, la producción y la justicia, parecen no estar dispuestas a privilegiar lo económico, a costa de lo social.

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